En Caquetá proponen comprar terrenos para que no los saquen

Líderes comunitarios de los asentamientos afectados por el anuncio de la Honorable Colegiatura buscan que les escuchen sus ideas. Fuimos el primer medio en escuchar las propuestas de la gente.

John Fredy Nagles Soto

Corporación Júraco

Florencia Caquetá

Luego de notificada la Fallo de acción de tutela T-938 A de 2014, en la que la Corte Constitucional obliga a la alcaldesa de Florencia, Susana Portela, iniciar el desalojo de las familias asentadas ilegalmente en lotes contiguo a la Ciudadela Siglo XXI, líderes de los 13 asentamientos subnormales reaccionaron con una propuesta para evitar que se les desaloje. Inicialmente se desalojarán solo 57 familias, pero la orden es reubicar a todas las 2.600 existentes en los terrenos que conforman la ocupación ilegal. Se espera pronta respuesta de la Alcaldesa a la idea presentada por la comunidad.  

Comunidad de 'La Florida' y los demás 12 asentamientos subnormales proponen a Asohabitat XXI comprar los predios, para evitar que la Alcaldía de Florencia no se desgaste en reubicarlos.

Dicen que son consientes de que una reubicación, como la exigida hoy por la Alta Corte, implica un desgaste institucional y de recursos exorbitante. Por ello, durante el pasado Consejo Municipal de Seguridad presidido por la Mandataria presentaron un documento propuesta para “lograr entre todos”, dicen ellos, cumplir la directriz de la Alta Instancia. Jaime Alexander Betancur, presidente del asentamiento ‘Villa María’, en conjunto con sus compañeros de liderazgo, presentaron la propuesta formal para que la Mandataria Local pueda cumplir con la inapelable norma.

Comprar los predios

Alexander Betancourd,
presidente 'Villa María'

La comunidad organizada busca que los reales dueños de la tierra, la Asociación de Vivienda Asohabitat XXI, les venda los predios a precios justos, para evitar así el desgaste en recursos y logística institucional por parte de la Alcaldía de Florencia. “Nosotros, en estos momentos todos los 13 asentamientos y los lideres que estamos al frente lo que queremos es ayudar a buscar soluciones a este problema, porque cumplir en seis meses a cabalidad el Fallo es casi que imposible. Por eso, lo que hemos acordado en comunidad es que llegar a negociar los lotes”, explicó Betancur.

Según Jader Acosta Imbachí, presidente del asentamiento ‘La Florida’, a ellos el Estado les ha dado un reconocimiento, aunque no legal, sí legítimo que los hace ciudadanos con el derecho a permanecer en estos predios, toda vez que los han habitado durante más de cuatro años. “Tenemos certificaciones que nos reconoce como asentamientos subnormales. Igualmente, por estos largos años hemos pagado impuesto predial a la Alcaldía, lo que nos da el derecho, por lo menos, de proponer alternativas a las impuestas por la Corte”, dijo.

Por mas de dos, de los cuatro años de permanencia en estos predios, estas comunidades ha pagado sus impuestos, sin que la Administración Municipal les haya dicho algo con respecto a su ilegalidad habitacional.

Por su parte, María Nancy Covaleda Carvajal, presidenta del asentamiento ‘20 de Marzo’, asegura que cerca del 80 por ciento de la comunidad asentada por más de 4 años en estos predios son mujeres desplazadas, a quienes a la mayoría la guerra les arrebató su compañero u otras fueron abandonadas por ellos. “En una sola casa, podemos encontrar familias hasta de 15 niños en una sola casita pequeñita. Entonces, créanos que nuestros derechos se ven vulnerados si nos sacan y no nos garantizan una vivienda”, resaltó la líder.     

Lo que obliga el Fallo

Nancy Covaleda,
presidente '20 de Marzo'

AJader Acosta,
presidente 'La Florida'

Según el documento de 45 páginas, la Corte obliga al Municipio de Florencia y a su Consejo Municipal de Política Social que, a partir de notificado el fallo, realice un censo para determinar la cantidad y el tipo de población que yace en los predios ocupados. En este procedimiento, la Corte obliga al Personero y otras instancias del Ministerio Público hacer el debido acompañamiento. Luego de 30 días contados a partir de realizado el censo, se le obliga a la Administración a garantizarle a estas familias un albergue provisional.

Luego de alojada en albergues, la Mandataria tendría seis meses más para incluir a estas comunidades en programas para la solución digna y permanente de vivienda. Igualmente, en el fallo la Corte obliga a estas comunidades que es obligatorio el acatamiento de lo consignado en el documento. En este sentido, ellos no deberán volver a ocupar estos predios. De lo contrario, podría ser judicializados ante las instancias correspondientes por invasión a propiedad privada.