Así
lo creen centenar de comunidades que en el Huila han sufrido la guerra que se
siente con mayor ahínco en el sur colombiano. Dicen que esta política es
“deplorable y contradictoria”.
John
Fredy Nagles Soto
Neiva
Para Mariluz Piñero Bolaños el recobrar sus
derechos ha sido tan duro como cuando se los vituperó aquel actor armado que
entro violentamente a su vida. A dos años de implementada la Ley de Víctimas, el panorama no es muy alentador. Los 4,9 millones de
desplazados, víctimas la mayoría del accionar de la guerra no se han visto
plenamente dignificados en sus derechos. En cambio, ha sido todo un viacrucis
el poder acceder a los servicios especiales que como población vulnerable
tienen posibilidad según la 1448 de 2011.
Luego de dos años de implementada, líderes
campesinos y víctimas de la guerra en el Huila califican la Ley de Víctimas como
“deplorable y contradictoria”. Argumentan
que mientras se habla de paz, los actores armados continúan sembrando la
zozobra, principalmente en las zonas rurales del Departamento. “Lo único que
hay es pie de fuerza militar por todo lado, pero si estamos hablando de paz,
pues deberían es invertir en desarrollo social que es lo que necesitamos”, dijo
Lorena Sánchez, secretaria general del Asociación de Trabajadores Campesinos
del Huila, ATCH, organización social de base que trabaja con población víctima en
el Huila.
Según la líder social, lo que más alerta a
las organizaciones de víctimas es el nivel de miseria que continúa campeando en
éstas zonas, caldo de cultivo para la violencia y la guerra, explicó. “En las veredas Perlas y Laureles, zona rural de Baraya,
hay mas de seis mil familias incomunicadas desde hace dos años y medio. Esta
situación es también una violación fragante a los Derechos Humanos en el Huila,
el derecho a no poder los niños ir a estudiar. En esa zona, no hay enfermera, ni
médicos, tampoco profesores en la escuela”, denunció.
Por su parte, Mariluz Piñero Bolaños,
integrante de la Corporación Mujeres Víctimas Soñadoras, asegura que “la plata
de los programas de víctimas la gastan en otras cosas y no realmente en lo que
necesitamos. Sabemos que hay dinero para las víctimas, porque en las agendas de
trabajo que han quedado en las gobernaciones y alcaldías están, al menos en el
papel, señalados para operar muchos programas para beneficiar al sector. Sin
embargo, los de la Mesa Municipal Neiva no hemos podido hacer que esos recursos
lleguen realmente a las víctimas”.
Reclamó además que cuando se hacen
encuentros masivos para tocar el tema de los Diálogos de Paz, los que se visibilizan son a los invitados especiales, es decir, a los congresistas de la
República, miembros de entidades gubernamentales y organismos internacionales,
excluyendo de la mesa principal a las organizaciones de la sociedad civil,
entre las que se cuenta el sector de las víctimas. “Las víctimas del pueblo,
nos quedamos acá abajo y no nos dan la oportunidad de nosotros hablar y decir
que es lo que sentimos y cuales son realmente las necesidades. Es una
participación que no sirve, porque es en otros espacios donde realmente toman
las decisiones”, puntualizó Piñero Bolaños.
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En Colombia, según datos de Acnur, existen ya 4,9 millones de desplazados por la violencia que se siente con mayor fuerza en las zonas rurales del sur colombiano. |
Se
mantienen las trabas
Uno de las estrategias que se han diseñado
para hacer efectivo la reclamación de los derechos de muchas de las familias
víctimas de la guerra en el Huila y el sur colombiano es el Programa de
Acompañamiento e Intervención Integral a Víctimas del Conflicto Político,
Social y Armado Interno, Pavip. Este es uno de los pocos, para no decir el
único, que en la región realiza un trabajo de seguimiento a la implementación
de la Ley 1448 de 2011 y acompañamiento en el proceso de exigibilidad de los
derechos a las personas u organizaciones de víctimas.
Por esta razón, adicionales éstas a las causas ya reportadas por la
prensa nacional, los sectores campesinos del Departamento anunciaron que se
unirán al gran paro nacional agrario programado para el 19 de agosto. “Por eso
hacemos el llamado a todos los sectores sociales al gran paro porque realmente,
no es solo el Huila sino todas las zonas rurales del país que están en una crisis
total, y nos vemos obligados a volcarnos a las calles porque la responsabilidad
está en el Gobierno del presidente Santos”, puntualizó Lorena Sánchez.
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