martes, 9 de noviembre de 2010

PREOCUPANTE SITUACIÓN DE DD.HH. EN CAQUETÁ

Un grupo de organismos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos se desplazarán a las zonas donde en los últimos meses se han presentado cruentos enfrentamientos entre el ejército y la insurgencia. Se denuncia violación a los DD.HH. e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Por John Fredy Nagles Soto
Corporación JURACO
Florencia - Caquetá

Luego del asesinato del niño Geider Dionisio Mendoza de tres años, los hechos ocurridos en el municipio de La Montañita y otros tantos afines, el Comité Permanente de Derechos Humanos Capítulo Caquetá, la Corporación Caguán Vive y el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado del Caquetá convocaron a la sociedad civil organizada a sumarse a la llamada Misión Humanitaria desde hoy 9 hasta el próximo 11 de noviembre. La Misión tendrá como objeto visitar las zonas donde más se han presentado hostigamiento de la Fuerza Pública contra la insurgencia, y donde se presume haya infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario y violación de los Derechos Humanos a los campesinos y habitantes del lugar.

Octavio Collazos Calderón, miembro del Comité Permanente de Derechos Humanos, Capítulo Caquetá, reveló la hoja de ruta que llevará la Misión Humanitaria en la que se visitarán las diferentes comunidades. “El día 9 en el caserío San Isidro, para recoger los testimonios y las denuncias de la gente. Igualmente, se va a hacer una reunión con el mismo propósito en el caserío Mira Mar, que queda un poco más abajo. Luego, se llegará a la Vereda El Arenoso, que queda aun más abajo, por la vía a Solano”, dijo el dirigente social.

En esta última localidad y según denuncias, ocurrió, hace como un mes, un hecho muy crítico que fue la muerte de una niña de tres años que cayó por una bala, producto de los enfrentamientos. “Los padres y los campesinos, aseguran que las balas fueron disparadas por el ejército hacia la casa en la que estaba la niña. Esta denuncia ya está instaurada en la Personería y en la Defensoría hace 15 días”, dijo Octavio Collazos. A la Misión confirmaron su asistencia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y algunos medios de comunicación que estarán presentes con la Misión en la zona.

Según denuncias, se conoció que en la zona rural comprendida entre la Unión Peneya y el caserío San Isidro, apareció un volante firmado por la AUC donde se amenazaban algunos líderes comunales, sindicados de ser auxiliadores de la insurgencia. La gente que los conoce asegura que son comerciantes de ahí del caserío Mira Mar. “Ese hecho también preocupa pues uno no se explica de que aparezcan las Autodefensas en una zona que está totalmente controlada por el ejército”, dijo Octavio Collazos.

Otras situaciones

Según denuncias de la Corporación Caguán Vive, en estas zonas de Caquetá, en la que se adelanta el Plan Patriota, se opera la figura de policía judicial por parte del ejército. Sobre esto la sentencia T-719 de 2003 dice: “ninguna autoridad civil ni militar por ningunas razones, ni siquiera en momentos de estado de excepción, podrá llevar registro ni escrito, ni fílmico, ni fotográfico de ningún ciudadano”. Sin embargo, dicen quienes han sido objetos de la situación, que al embarcar viaje de Florencia a la inspección de Remolinos del Caguán, “usted ve registrado en alrededor de cinco libros del ejercito a algunos ciudadanos. Allí a usted le piden su nombre y apellido, su ocupación, de donde viene, para donde va, número de cédula, le hacen firmar en el libro y le piden hasta su número de celular”. Esta situación se constituye en una falta disciplinaria grave que está, en estos momentos, cometiendo la fuerza pública, explicó el líder social.
La Corte Constitucional emitió una sentencia que tumbó un proyecto de ley que presentó el entonces presidente Uribe, que se conoció como el Estatuto Antiterrorista. Este buscaba brindarle facultades a la Fuerza Pública de policía judicial. La Corte Constitucional dijo no a esta iniciativa. Sin embargo y según denuncias, la Fuerza Pública está cometiendo este delito que se conoce como infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Guerra en su contexto

En esta zona a la que se dirige la Misión existe un drama humano muy complejo, en el que las desigualdades sociales se suman a la situación de violencia armada por parte de los grupos armados legales e ilegales. Según las organizaciones de derechos humanos que hacen presencia en la zona, unidades del batallón Diosa del Chairá y del batallón Héroes del Huepí han ocupado casa de campesinos y han obstaculizado el paso de los niños a la escuela, lo que es una infracción al Derecho Internacional Humanitario, enfatizó el líder Octavio Collazos.

Así mismo, la organización Caguán Vive, capítulo Caquetá del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, registra en la actualidad 175 capturas masivas, de las cuales solo cinco personas han sido condenadas aquí en el Caquetá, en zona rural del municipio de Cartagena del Chairá y de San Vicente del Caguán.

Así mismo, otro de los temas a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario son las restricciones a los alimentos e insumos necesarios para la supervivencia del campesino. Según Domingo Pérez, existe una estigmatización de la Fuerza Pública a la gente. “El campesino, para llevar su remesa de Cartagena del Chairá hacia abajo, debe contar con la firma de un mando militar que ha sido designado específicamente para esa función. Lo mismo ocurre en San Vicente del Caguán que si usted va con su factura pero si esa factura no lleva la firma del militar entonces en el retén no le dejan pasar su remesa. Ellos (los militares) creen que son provisiones para la guerrilla y desconocen el principio de la presunción de inocencia”, dijo el señor Pérez.

Estas son regiones cocaleras que ya no se cultiva coca. Aquí se vive una transición económica pero que está condicionada al transporte fluvial que encarece mucho el costo de vida en aquellas regiones. “Entonces estos son dramas humanitarios muy complejos que deben ser tenidos en cuenta y sobre las que no existe una verdadera política del Estado para con sus asociados”, indicó el dirigente social. Este es el contexto al cual responde centenar de familias viven en medio de las balas que vienen de lado y lado y al cual la Misión Humanitaria desarrollará su agenda para que, éste y otros dramas en Caquetá, sea resuelto pero, primero que todo, sea visibilizado a toda Colombia. JURACO/PRENSA

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