Con algunos más conocidos que otros, los crímenes en que la justicia colombiana no ha hallado a los autores intelectuales se cuentan por miles.
Los asesinatos del candidato presidencial Luis Carlos Galán y del humorista Jaime Garzón, ocurridos hace 20 y 10 años, son dos botones de muestra de la impunidad en Colombia.
Ni en esos dos casos, ni en los crímenes de otros tres candidatos presidenciales ocurridos entre 1988 y 1990, que también conmovieron a la sociedad, ni en decenas de miles de homicidios sucedidos desde entonces la justicia ha condenado a los autores intelectuales.
Lo peor es que frente a otros delitos frecuentes en este país en conflicto armado, como desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y despojo de tierras, tampoco ha habido muchas condenas.
La familia de Galán -quien se perfilaba como el más seguro ganador de las elecciones presidenciales de 1990- está pidiendo que el crimen del político se declare de lesa humanidad, para evitar que prescriba, mientras la Corte Suprema decide si un ex ministro y ex congresista estuvo vinculado al magnicidio.
La pregunta que surge es si ante tantos casos impunes se puede hablar de una impunidad estructural en Colombia.
En diálogo con BBC Mundo, la abogada Nubia Herrera, ex vice fiscal general de Colombia, dice que no cree que el fenómeno sea estructural, aunque critica al sistema penal por su ineficiencia y por su falta de capacidad investigativa.
"En el caso de Garzón había presión por resultados y metieron a la cárcel a un señor que no era el responsable", explica Herrera. Y lo mismo ocurrió en el caso de Galán, cuando un inocente estuvo preso varios años, acusado de participar en el crimen, añade.
¿Mal de muchos?
El profesor Diego López, de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, considera que el fenómeno no es exclusivo de Colombia y subraya que la impunidad está muy extendida en el mundo.
"En los últimos 15 años, en 17 países de América Latina se han cambiado los códigos de procedimiento penal por ineficientes. En todos esos países se citan impunidades altísimas, como las de Colombia, por encima del 90%", precisa López.
Según el experto, no es cierto que en los países desarrollados la impunidad sea muy baja. "Yo creo que es de alrededor del 80%", anota.
El pasado fin de semana, durante una rendición de cuentas pública, el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, destacó los avances contra la impunidad y los progresos en las investigaciones de algunos crímenes contra sindicalistas e indígenas.
"Durante el año 2008 se produjeron más sentencias condenatorias en casos de violaciones (de derechos humanos) contra sindicalistas que en cualquier otro año anterior", expresó Santos.
Pero otros analistas son muy críticos, como el profesor Mario Madrid-Malo, experto en derecho constitucional y derechos humanos.
Madrid-Malo le dice a BBC Mundo que "lo más grave de la impunidad en Colombia es que ella se extiende sobre la mayoría de las conductas constitutivas de violaciones de los derechos humanos y de crímenes de guerra, a cuyas víctimas se les han atropellado sistemáticamente sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Los delitos contra la vida, la integridad y la libertad cometidos por agentes del Estado rara vez llegan a ser castigados".
A su turno, el ex ministro de Justicia Jaime Castro le subraya a BBC Mundo que la impunidad en este país andino no se limita solo a casos penales, sino que también afecta a los pleitos civiles y los administrativos, "que toman muchos años en fallarse".
Justicia politizada
Castro hizo parte de la Asamblea Constituyente que en 1991 comenzó a reformar la justicia e implantó el sistema acusatorio para las causas penales. Desde entonces, el estado ha dedicado mucho más presupuestos a la Justicia.
Lo cierto es que todavía no se han conseguido logros significativos. Y aparece una larga lista de posibles causas.
El ex ministro señala que la Constituyente "politizó a la justicia, porque metió al Congreso en el nombramiento de magistrados de las altas cortes".
Nubia Herrera, que hasta hace poco estuvo al frente de un equipo de 350 procuradores que intervenían en las causas penales en todo el país, se queja de las deficiencias del aparato judicial en materia de investigación.
"No se le haga raro encontrar a un abogado especializado en derecho laboral trabajando en el aparato penal o a un economista investigando un homicidio", expresa.
Por su parte, López atribuye la impunidad a la falta de política criminal.
"Hay un enorme problema y dificultad por tener una política criminal. Cuando no la hay, la idea es investigar todo y todo llega a la impunidad", expresa.
En los últimos seis años Colombia adoptó la oralidad en los procesos penales, lo cual ha logrado avances en algunos casos, como los delitos cometidos en flagrancia.
"La condena a David Murcia, cabeza del grupo DMG, se consigió en poco tiempo. Eso no ocurría antes", puntualiza el ex ministro Castro.
Pero, más allá de esos logros, la sensación que siguen teniendo muchos colombianos es que los grandes crímenes siguen sin esclarecerse y que la impunidad sigue siendo demasiado alta.
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