Organizaciones de desplazados y de víctimas reclaman del estado una real política que promueva los derechos frente
a la tierra y sus territorios. Dicen que el Estado los está desplazando al
dejarles sus tierras a las multinacionales mineras.
John Fredy Nagles
Neiva
Terminó hoy a las cinco de la tarde el debate abierto dado en el marco de la
Octava Mesa Regional para Contribuir al Conflicto Político, Social y Armado en
Colombia en Neiva. Dos días en los que las comunidades organizadas, en especial
las familias en condición de desplazamiento y víctimas de la guerra, se
acercaron a proponer una política “más humana”, califican. Contrariando lo
argumentado por los entes del Estado, las organizaciones de víctimas aseguran
que con los proyectos minero-energéticos que se agolpan en las puertas de Agencia Nacional de Licencias, Permisos y Autorizaciones el
Estado estaría vulnerando el derecho de éstas personas a su tierra, a su
territorio.
Ricardo Báez, miembro del Comité de
Defensa del Macizo Colombiano, organización de base que trabaja en la
resistencia a uno de éstos polémicos proyectos minero-energéticos que se
pretende construir en el Departamento, exactamente al sur, dice que en su
oposición está la posibilidad de conocer los argumentos de Cormagdalena,
entidad que opera la política de protección al principal rio de Colombia,
frente al Plan de Aprovechamiento del río Magdalena, pero que no ha sido
posible. “Cormagdalena tiene mil escusas, diciendo que todavía el Plan de
Aprovechamiento del río Magdalena no ha sido presentado. Eso es una distracción
porque nosotros ya sabemos que están en el proceso de solicitar la licencia y
diseños, es decir, que ya están en eso”, aseguró.
Según el activista, ellos han visto a
ingenieros de la multinacional asiática realizar levantamiento topográfico en
horas nocturnas. “Hay una comisión de ingenieros chinos en Pitalito tomando
cursos de español y también sabemos que el Plan de Aprovechamiento sigue adelante.
Por eso, hemos citado a Cormagdalena a reuniones, incluso con la Universidad
Javeriana, el Movimiento Ríos Vivos y con International Rivers se tenía
programada un encuentro en el municipio de Honda a comienzos de junio, pues
para mostrar las supuestas bondades del proyecto, pero Cormagdalena desistió de
la reunión”.
El Plan de Aprovechamiento del río Magdalena es una iniciativa que plantea el Gobierno Nacional para construir megaproyectos que busquen generar energía. |
Los congresistas hablaron del
tema
Por su parte, Hernando Hernández
Tapasco, representante a la Cámara por
circunscripción especial por las comunidades indígenas, advirtió que la legislación
de la cual se ha abanderado el gobierno del presidente Santos para con las
víctimas y la restitución de tierras se contradice con la política minero
energética que avanza en el país. “Nosotros hemos hecho debates de control
político muy importantes en la Comisión Quinta del Congreso, en las plenarias
de Cámara y de Senado, hemos denunciado el tema por los medios y nos hemos
pronunciado ante las distintas carteras del Gobierno Nacional que tienen que
ver con el tema minero-energético, con lo ambiental y la agricultura, y ha
habido avances en el proceso de resistencia”, dijo.
Por su parte, Jorge Eduardo Gechen, senador huilense
por el Partido de la U, aunque dijo estar en desacuerdo con éstos proyectos,
advirtió que con el actual avance de éstos proyectos, es pertinente mejor
buscar más bien que a los residentes de éstas zonas se les garantice las
compensaciones por los daños colaterales a los que podrían verse expuestos
durante la operación de los megaproyectos. “Hemos hecho enjuiciamiento con el
tema del páramo de Miraflores en el centro del Departamento, sobre el cual
hemos reclamado que se le quite esa licencia de explotación a la empresa Emerald
Energy en esa región, y el Gobierno Nacional la ha atendido bastante”, dijo.
Sobre el tema de las once represas que se pretenden
construir en el Huila, Gechen Turbay dijo que las ha rechazado. “De todas
maneras, en ésta región del Huila, sobre todo en la región sur del Departamento
existe mucho minifundio, donde hay campesinos dedicados a la explotación del café.
Por eso, de aceptar esos proyectos, es permitir que acaben la subsistencia de
muchas familias y eso pues traería un desfase social y económico para las
gentes”, puntualizó.
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